Las secciones undécima y decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid han resuelto en apelación conceder la nacionalidad española por origen sefardí a dos interesados cuyas solicitudes habían sido denegadas previamente por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública al no considerar este organismo suficientemente acreditado el origen sefardí de los solicitantes.

Aunque el camino haya sido largo y tortuoso, por fin, los tribunales superiores están reconociendo lo evidente. 

En estas sentencias de fecha 27 y 11 de marzo, respectivamente, el tribunal recoge algunos de los argumentos que muchos abogados veníamos defendiendo desde que el cambio de criterio de la DGSJyFP empezó a plasmarse en las resoluciones denegatorias, a saber:

  • Que la tesis excesivamente formalista de la DGSJyFP de admitir y exigir el certificado de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE)  como única prueba válida para la acreditación del origen sefardí, “pugna con el espíritu de la Ley 12/2015”. 

Cualquier medio de prueba admitido en Derecho y que el Notario haya valorado adecuadamente para tal fin, puede servir para demostrar el origen sefardí.

  • El legislador no ha querido ceder a la FCJE la facultad en exclusiva de certificar el origen sefardí

Las propias comunidades judías, autoridades rabínicas y asociaciones con competencia para ello, pueden verificar y hacer constar dicha ascendencia.

  • El nuevo requisito impuesto a los interesados que no aportan el certificado de la FCJE de presentar una genealogía que les vincule con su ancestro sefardí sobrepasa los términos de la ley

De acuerdo con el tenor y espíritu de la norma, podría resultar acreditado el origen sefardí con un informe emitido por entidad con competencia suficiente que acredite la genealogía o que los apellidos del solicitante proceden de los sefardíes que fueron expulsados en 1492.

Estos fallos judiciales vuelven a marcar un hito significativo en el reconocimiento de la nacionalidad española para los descendientes de sefardíes y abren la puerta a que miles de afectados puedan recurrir sus denegaciones en los tribunales.

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