En el contexto de la Ley 12/2015, que aborda la concesión de nacionalidad a los sefardíes originarios de España, el Juzgado de 1ª Instancia Nº. 53 de Madrid ha dictado una sentencia en la que confirma que el certificado de origen sefardí emitido por la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) no es el único medio de prueba admitido por la ley para acreditar el origen sefardí. 

Cabe destacar que el plazo límite para presentar solicitudes en virtud de esta ley concluyó el 1 de octubre de 2019, y la resolución del juez tiene un impacto significativo, especialmente en las solicitudes que han sido y están siendo denegadas por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJyFP).

La sentencia, que resuelve la impugnación de una resolución denegatoria de nacionalidad a un descendiente de sefardíes dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJyFP), es un nuevo espaldarazo a los abogados que llevan años defendiendo que la ley permite la admisión de otros medios de prueba, como certificados de la comunidad judía de origen y/o residencia, informes genealógicos, etc. 

En concreto, la sentencia establece que:

  • El certificado de la FCJE no es el único medio de prueba admitido por la ley para acreditar el origen sefardí.
  • La Dirección General no tiene capacidad para valorar nuevamente el expediente que ya ha sido autorizado ante Notario ni variar el juicio de notoriedad que ya ha sido emitido.
  • Respecto de la prueba de origen sefardí consistente en el informe de apellidos, no se puede exigir al solicitante el origen del linaje familiar, sino, exclusivamente y según el tenor de la ley, «la pertenencia de los apellidos del solicitante al linaje sefardí de origen español».

Esta sentencia es un paso más en la lucha por la defensa de los derechos de los descendientes de sefardíes, que llevan años reclamando que se cumpla la ley y que se les reconozca su derecho a la nacionalidad española”, comenta José Cohen, abogado y socio de Cohen y Cohen.

“No sabemos aún si la sentencia será o no recurrida por la DGSJyFP, pero lo que está claro es que no íbamos tan mal encaminados quienes entendíamos la ley en su sentido más literal y razonable, sin caer en las extravagancias interpretativas de la DGSJyFP”, afirma Cohen. 

En relación a dicha sentencia, el periódico La Razón se hace eco de la opinión de nuestro experto José Cohen.